Los servicios educativos sujetos a la autorización, reconocimiento y supervisión de las autoridades educativas jurisdiccionales correspondientes. Tendrán derecho a prestar estos servicios la Iglesia Católica, las confesiones religiosas inscriptas en el Registro Nacional de Cultos, las sociedades, cooperativas, organizaciones sociales, sindicatos, asociaciones, fundaciones y empresas con personería jurídica y las personas físicas.